Proyecto de gobernanza y reformas electorales

Este programa pretende fortalecer las instituciones clave y aumentar la voz y la responsabilidad de los ciudadanos en los procesos políticos y electorales.

Para lograr este objetivo, el programa apoya i) la aplicación y cumplimiento efectivo de las leyes existentes, incluidas – particularmente - las Reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP); ii) el desarrollo de capacidades técnicas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar la integridad del sistema electoral y el establecimiento y la facilitación de canales de comunicación efectivos entre el  tse y la sociedad civil; iii) el desarrollo de capacidades en los actores de la sociedad civil y medios de comunicación para llevar a cabo una observación sistemática y efectiva del proceso electoral 2023 y; iv) el mejoramiento de las condiciones de diálogo y sustento técnico, entre sociedad civil, poder legislativo y otros actores institucionales, en torno a reformas legales e institucionales necesarias para el mejor funcionamiento del régimen político – electoral.

ENFOQUE GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO

El programa está diseñado para contribuir en todo el territorio de Guatemala; sin embargo, tiene ámbitos de acción más focalizados en el nororiente (Alta Verapaz y Baja Verapaz), occidente norte y sur (Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango) y en el oriente (Chiquimula, Jutiapa, Jalapa y Zacapa).

El enfoque del programa es trabajar para superar las barreras y garantizar un mayor acceso e inclusión de grupos históricamente marginados, al ejercicio efectivo de sus derechos políticos. Como tal, da prioridad a la participación política efectiva de los jóvenes, los Pueblos Indígenas, las comunidades LGBTQI+ y las personas con discapacidad.

CONTEXTO Y RETOS

Las elecciones de 2023 presentan una serie de desafíos que requieren ser atendidos de manera efectiva para generar condiciones básicas de integridad. Factores endógenos al régimen político electoral incluyen el carácter difuso de ciertas normas electorales vigentes, la baja confianza ciudadana en las instituciones y en la democracia, y la fragmentación del sistema de partidos. Los factores exógenos o contextuales incluyen conflictividad social territorial acumulada, aumento de la violencia delictiva y control territorial del crimen organizado, polarización política, uso de estrategias de desinformación, y vulnerabilidad del régimen de financiamiento, entre otros. Estos factores generan condiciones que pueden afectar la certeza, seguridad, inclusión y transparencia del proceso electoral.

Así mismo, estos desafíos abren espacio para fortalecer valores fundamentales del régimen político electoral guatemalteco: el carácter ciudadano de sus órganos electorales, la pluralidad del sistema de organizaciones políticas y su larga tradición de respeto a los resultados electorales y a la alternancia efectiva en el poder- CEPPS trabaja con instituciones claves, organizaciones civiles y movimientos sociales, medios de comunicación y demás actores interesados, para coadyuvar a que las elecciones se den en el mejor contexto de organización y competencia.

ENFOQUE Y RESULTADOS

Para hacer frente a estos desafíos se implementa el programa para fortalecer las instituciones clave y aumentar la voz y la responsabilidad de los ciudadanos en los procesos políticos y electorales. Para lograr este objetivo, se apoya la aplicación y el cumplimiento efectivos de las leyes existentes, incluidas las pasadas reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); se apoya al  fortalecimiento técnico del TSE y se facilitan los canales de comunicación efectivos entre el TSE y la sociedad civil; se desarrolla la capacidad de los actores de la sociedad civil y medios de comunicación para llevar a cabo una observación  y monitoreo efectivo el próximo proceso electoral; y, en menor medida este año, se trabaja para mejorar el entendimiento entre sociedad civil, poder legislativo y otros actores institucionales, en torno a reformas legales e institucionales necesarias para el mejor funcionamiento del régimen político – electoral.