En el año 2008, el Gobierno de México, bajo una presión creciente de actores del sector de justicia y redes de la sociedad civil, aprobó reformas constitucionales que establecen la adopción a nivel nacional de un Sistema de Justicia Penal Adversarial. Las reformas requerían que todas las jurisdicciones estatales y federales implementaran las reformas de justicia a más tardar en junio del año 2016. Asimismo, se busca mejorar la transparencia, efectividad, y eficiencia de los procesos de la justicia penal mientras se protege el debido proceso, promueve la asistencia a víctimas de delitos y se fortalecen los derechos humanos. Desde la transición del año 2016, USAID se ha enfocado en la consolidación de la reforma a nivel estatal con un énfasis en disminuir los niveles altos de impunidad a través de la priorización de recursos investigativos y fiscales.
USAID actualmente apoya a las fiscalías generales y tribunales estadales, centros de justicia para las mujeres, defensorías públicas, unidades de servicios preventivos, entre otras instituciones, para incrementar la efectividad y eficacia del sistema penal y de justicia cívica, desarrollando la capacidad analítica, mejorando el acceso a los sistemas penales y de justicia para las víctimas y fortalece el apoyo público al sistema de justicia penal. USAID también colabora con la sociedad civil y el sector privado para informar a los ciudadanos sobre el valor de contar con una justicia transparente, eficiente y responsiva. El esfuerzo de USAID se enfoca en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, y Zacatecas (con actividades limitadas en Guanajuato y Querétaro).
USAID/México apoyó la creación de modelos homologados que permiten mejorar la operación y evaluación de las actividades de los Centros de Justicia para las Mujeres.
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