Proyecto justicia y transparencia

El Proyecto Justicia y Transparencia de USAID tiene como objetivo apoyar a las instituciones del sector justicia para responder a los problemas de transparencia y corrupción del país y fortalecer esfuerzos para que los guatemaltecos tengan acceso a los servicios de justicia de una forma eficiente e incluyente.

El Proyecto también trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a problemas de migración, transparencia, trata de personas, derechos de grupos indígenas, y violencia sexual.

El Proyecto Justicia y Transparencia apoya las capacidades técnicas de 15 instituciones gubernamentales para prevenir, reducir y combatir los problemas de violencia, crimen, fraude, corrupción e impunidad, incluyendo el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación de Personas (SVET), la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad (CONADI), entre otros.

ENFOQUE GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO

El Proyecto Justicia y Transparencia apoya a instituciones que tienen alcance nacional.  El proyecto brinda su apoyo técnico a estas instituciones en forma estratégica en lugares clave del país para alcanzar al mayor número de beneficiarios.

El apoyo proporcionado por el Proyecto también abarca instituciones locales y regionales. Por ejemplo, el apoyo a la Academia de Lenguas Mayas (ALMG) con alcance en la Ciudad de Guatemala y 7 comunidades lingüísticas en Baja Verapaz, Chimaltenango, Quiché, San Marcos, Alta Verapaz y Sololá. El Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad (CONADI) que opera en los departamentos de Guatemala, Sololá y Chimaltenango. Y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) que funciona en 13 sedes ubicadas en la ciudad de Guatemala; Cobán, Alta Verapaz; Salamá, Baja Verapaz; Chimaltenango; Huehuetenango; Puerto Barrios, Izabal; Quetzaltenango, entre otros. Estas instituciones tienen como población beneficiaria a mujeres y niñas mayas víctimas de violencia (k’ichés, kaqchikeles); pueblos indígenas (k’iche’, kaqchikel, achí, pocomchí’, q’eqchí’, mam, tz’utujil, ixil, xinka), personas con discapacidad; personas de diversas identidades sexuales; personas migrantes, y población de áreas fronterizas.

El Proyecto también trabaja con organizaciones de la sociedad civil en varios departamentos que brindan servicios a víctimas, especialmente de violencia contra la mujer, violencia sexual y trata de personas, cuyos servicios favorecen el acceso a la justicia, así como la protección y atención integral para niños, adolescentes y mujeres. Esto incluye mecanismos para la prevención del delito y acciones que promuevan la inclusión laboral y educación a víctimas sobrevivientes de violencia.

CONTEXTO Y RETOS

El panorama nacional de Guatemala presenta muchos obstáculos para el cumplimiento efectivo de la justicia. También existen problemas estructurales como la corrupción en las instituciones y altos índices de criminalidad y violencia en el país. Poblaciones vulnerables y marginalizadas tienen necesidades agudas de atención y servicios, particularmente las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, especialmente de violencia sexual, trata de personas y violencia contra la mujer. Esto requiere soluciones que prioricen a las víctimas y que trabajen para erradicar prácticas abusivas y degradantes contra las poblaciones vulnerables. Puesto que varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales trabajan para responder a estos retos, es imprescindible mejorar la coordinación interinstitucional de organizaciones que brindan servicios a víctimas.

En respuesta a la designación de individuos por parte del Departamento de Estado bajo la Sección 353, el Proyecto ha reenfocado su asistencia y ha centrado sus esfuerzos en lograr objetivos e indicadores contractuales trabajando con instituciones cuyas misiones están alineadas con los objetivos del Proyecto.  A través de esta diversificación, el Proyecto ha llegado a varias instituciones gubernamentales de manera efectiva y creativa, permitiendo que el trabajo continúe y los objetivos se alcancen. Los esfuerzos también se han centrado en ampliar las asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil.

ENFOQUE Y RESULTADOS

Respondiendo a estos retos, el Proyecto brinda una amplia variedad de servicios para fortalecer al sector justicia y sus instituciones, con el fin de fomentar los servicios de justicia de forma eficiente y eficaz. El Proyecto se dedica principalmente a los problemas de justicia y transparencia, abarcando así a instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, teniendo a la población guatemalteca como beneficiario final de los servicios.

Entre los principales resultados logrados hasta el momento por el Proyecto se encuentran los siguientes:

• Apoyo para la acreditación ISO 17025 de 10 laboratorios del INACIF. Cuatro de estos laboratorios han mantenido su acreditación (laboratorio de balística forense, laboratorio de genética forense, laboratorio de toxicología forense y laboratorio de fisicoquímica forense) y seis laboratorios se lograron acreditar durante el último año.
• Apoyo para aumentar la calidad técnica de los servicios de intérpretes de instituciones de justicia con la traducción y publicación de un glosario jurídico a siete idiomas mayas hablados en 13 departamentos.
• Apoyo a la Superintendencia de Administración Tributaria y Policía Nacional Civil para el fortalecimiento e instalación de capacidades para el análisis y seguimiento de casos de corrupción, extorsiones y delitos contra la vida.
• Apoyo al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para la creación de un modelo eficiente de recopilación de datos de migración irregular que permite a las autoridades la toma de decisiones. El apoyo del Proyecto Justicia permitió la creación del Sistema de Cómputo de Migración Ordenada y Segura de Guatemala (MIROSGT).
• Apoyo para el fortalecimiento del manejo de la migración irregular. Esto incluye la creación del Mecanismo de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos (MBMID) para la localización de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria, así como el fortalecimiento interinstitucional para fortalecer a las instituciones correspondientes. El apoyo brindado también abarca la creación del Centro Integral de Procesamiento de Información Fronteriza (CIPIM), el cual será de gran importancia para la elaboración de planes conjuntos de persuasión y control de grupos de migrantes.